Ganan diputados 16 mil 95 pesos por cada sesión y aún así no llegan
* Todos los legisladores de las diferentes bancadas tienen faltas
SANDRA DE LOS SANTOS
Todos tienen faltas, ninguno se salva, igual los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los del Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los del Convergencia y del Partido del Trabajo y que decir del Partido Nueva Alianza.
Aunque según la Ley que Garantiza la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chiapas las listas de asistencia de los diputados del Congreso Local es información pública de oficio, es decir que debe de estar disponible en la página electrónica del Poder Legislativo, hasta hace un par de semanas esto no se cumplía.
Los legisladores se vieron obligados a cumplir con la Ley que salió del mismo edificio legislativo y subieron a su portal electrónico los archivos que contienen el diario de debates de las sesiones del Congreso, que incluye las listas de asistencia a las sesiones, pero sólo pusieron a disposición de la ciudadanía los documentos correspondiente al primer y segundo periodo ordinario y permanente del Poder Legislativo. Aún así no todos los archivos pueden ser consultados porque no fueron subidos en su totalidad.
El primer periodo ordinario de sesiones abarca del 16 de noviembre del 2007 al 15 febrero del 2008 y el segundo periodo del 15 de mayo del 2008 al 15 de agosto del 2008. Cabe aclarar que el segundo periodo ordinario de esta legislatura se prolongó y concluyó el 28 de agosto.
De acuerdo a estas listas, que están a disposición de la ciudadanía, los que presentaron más faltas durante el primer y segundo periodo ordinario de sesiones fueron los diputados: Sonia Rincón Chanona y David Aguilar Solis, ambos del Partido Nueva Alianza así como los legisladores priístas Miguel Ángel Vásquez y Sami David David.
En contraparte, durante los dos primeros periodos ordinarios de sesiones quienes presentaron menos ausencias fueron: Horacio Domínguez Castellanos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alfredo Molina Molina del Partido de la Revolución Democrática.
PARA VER NOTA COMPLETA DARLE CLICK AQUI http://periodismosincensurachis.blogspot.com/
lunes, 29 de junio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
Le kitan paga a la ciencia
AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La ciencia y la tecnología no son lujos. Para un país como el nuestro, son imperativos. El ejemplo más reciente es la epidemia de influenza, la cual puso de manifiesto nuestro subdesarrollo científico y deficiencias en metodologías diagnósticas y vacunas, lo cual nos obligó a depender del extranjero para enfrentar la catástrofe.
Países como la India, Brasil y Corea están saliendo del subdesarrollo gracias al apoyo del Estado a la ciencia y la tecnología. Barack Obama, ante la crisis económica y sanitaria, ordenó de inmediato un aumento del financiamiento a la ciencia hasta el 3% del PIB de los Estados Unidos.
En cambio, en México, ante la crisis, el gobierno recorta en 9.9% los escasos fondos asignados a los centros públicos de investigación y de educación superior, como parte de una política nacional que afecta a todas las dependencias federales.
Entre los “lineamientos de austeridad” firmados por el subsecretario Dionisio Pérez-Jácome y publicados en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación se encuentra un ataque directo a la estabilidad laboral de los científicos de todos los centros públicos de investigación. En efecto, se ha decretado una merma del 3.5% en el “capítulo 1000” (el cual incluye sueldos, compensaciones y prestaciones de ley). Esto agrede directamente el ingreso de los investigadores mexicanos y se suma al recorte del gasto de inversión, el cual enfrentamos desde hace años.
Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología obliga al Estado mexicano a destinar un presupuesto público para investigación científica equivalente a 1% del PIB. El monto que el gobierno federal ha otorgado al sector nunca ha alcanzado ni la mitad de esa cifra.
En paralelo, leemos en el sitio electrónico de CONACYT que el llamado Fondo Nuevo para la Ciencia y la Tecnología (FONCYT) acaba de destinar apoyos para empresas como Barcel (más de 22 millones y medio de pesos), Gigante (casi 10 millones y medio), e incluso financiamiento a transnacionales como Rohm y Haas. En comparación, un megaproyecto de estudios sobre el cambio climático global (un tema sin duda de mayor relevancia que lo que Barcel pueda investigar), presentado recientemente a los Fondos Regionales para el Desarrollo (FORDECYT) por diversas instituciones de investigación, está solicitando 29 millones de pesos, sin garantía de aprobación.
Uno esperaría que estas empresas destinaran fondos para la investigación, no que recibieran financiamiento público. Uno esperaría que, ante la lección que nos ha dado la pandemia sobre lo indispensable de fomentar la ciencia nacional, el gobierno reaccionara con apoyos, no con recortes. Uno esperaría que se atendiera el llamado de la Academia Mexicana de Ciencias sobre un rescate para la ciencia mexicana, no que se respondiera con esta bofetada a los investigadores nacionales, la cual sin duda abonará la fuga de cerebros.
La intención de este ahorcamiento a los centros de investigación es orillarnos a convertirnos en vendedores de servicios, en entes “vinculados” a la iniciativa privada, bajo el supuesto de que el crecimiento económico per se traerá consigo mejoras en el desarrollo social, cuando existe evidencia de que, sin una política de Estado redistributiva, que atienda las prioridades de la población, la desigualdad será consecuencia inevitable.
El manejo sustentable de los recursos bióticos, los efectos del cambio climático, el bienestar de las etnias del país, el empoderamiento de las mujeres y la atención a la salud de grupos marginados, así como otros temas pertinentes de investigación, no son comercializables directamente. La ciencia en general no es comercializable; del conocimiento generado pueden derivarse productos valiosos, pero este proceso no es inmediato. La ciencia es una inversión a mediano y largo plazo, mas no por ello menos vital.
Hacemos un llamado a las instituciones académicas, a los funcionarios honestos y al pueblo mexicano para revertir esta decisión del gobierno federal. Exigimos que no se deje en manos de intereses privados la ciencia mexicana, un bien público por excelencia.
servicios biblioteca Publicaciones Ecofronteras quienes Ecosur en los medios Busqueda Correo electrónico ECOSUR Contacto ECOSUR Directorio ECOSUR
unidades
Campeche
Chetumal
San Cristóbal
Tapachula
Villahermosa
AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La ciencia y la tecnología no son lujos. Para un país como el nuestro, son imperativos. El ejemplo más reciente es la epidemia de influenza, la cual puso de manifiesto nuestro subdesarrollo científico y deficiencias en metodologías diagnósticas y vacunas, lo cual nos obligó a depender del extranjero para enfrentar la catástrofe.
Países como la India, Brasil y Corea están saliendo del subdesarrollo gracias al apoyo del Estado a la ciencia y la tecnología. Barack Obama, ante la crisis económica y sanitaria, ordenó de inmediato un aumento del financiamiento a la ciencia hasta el 3% del PIB de los Estados Unidos.
En cambio, en México, ante la crisis, el gobierno recorta en 9.9% los escasos fondos asignados a los centros públicos de investigación y de educación superior, como parte de una política nacional que afecta a todas las dependencias federales.
Entre los “lineamientos de austeridad” firmados por el subsecretario Dionisio Pérez-Jácome y publicados en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación se encuentra un ataque directo a la estabilidad laboral de los científicos de todos los centros públicos de investigación. En efecto, se ha decretado una merma del 3.5% en el “capítulo 1000” (el cual incluye sueldos, compensaciones y prestaciones de ley). Esto agrede directamente el ingreso de los investigadores mexicanos y se suma al recorte del gasto de inversión, el cual enfrentamos desde hace años.
Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología obliga al Estado mexicano a destinar un presupuesto público para investigación científica equivalente a 1% del PIB. El monto que el gobierno federal ha otorgado al sector nunca ha alcanzado ni la mitad de esa cifra.
En paralelo, leemos en el sitio electrónico de CONACYT que el llamado Fondo Nuevo para la Ciencia y la Tecnología (FONCYT) acaba de destinar apoyos para empresas como Barcel (más de 22 millones y medio de pesos), Gigante (casi 10 millones y medio), e incluso financiamiento a transnacionales como Rohm y Haas. En comparación, un megaproyecto de estudios sobre el cambio climático global (un tema sin duda de mayor relevancia que lo que Barcel pueda investigar), presentado recientemente a los Fondos Regionales para el Desarrollo (FORDECYT) por diversas instituciones de investigación, está solicitando 29 millones de pesos, sin garantía de aprobación.
Uno esperaría que estas empresas destinaran fondos para la investigación, no que recibieran financiamiento público. Uno esperaría que, ante la lección que nos ha dado la pandemia sobre lo indispensable de fomentar la ciencia nacional, el gobierno reaccionara con apoyos, no con recortes. Uno esperaría que se atendiera el llamado de la Academia Mexicana de Ciencias sobre un rescate para la ciencia mexicana, no que se respondiera con esta bofetada a los investigadores nacionales, la cual sin duda abonará la fuga de cerebros.
La intención de este ahorcamiento a los centros de investigación es orillarnos a convertirnos en vendedores de servicios, en entes “vinculados” a la iniciativa privada, bajo el supuesto de que el crecimiento económico per se traerá consigo mejoras en el desarrollo social, cuando existe evidencia de que, sin una política de Estado redistributiva, que atienda las prioridades de la población, la desigualdad será consecuencia inevitable.
El manejo sustentable de los recursos bióticos, los efectos del cambio climático, el bienestar de las etnias del país, el empoderamiento de las mujeres y la atención a la salud de grupos marginados, así como otros temas pertinentes de investigación, no son comercializables directamente. La ciencia en general no es comercializable; del conocimiento generado pueden derivarse productos valiosos, pero este proceso no es inmediato. La ciencia es una inversión a mediano y largo plazo, mas no por ello menos vital.
Hacemos un llamado a las instituciones académicas, a los funcionarios honestos y al pueblo mexicano para revertir esta decisión del gobierno federal. Exigimos que no se deje en manos de intereses privados la ciencia mexicana, un bien público por excelencia.
servicios biblioteca Publicaciones Ecofronteras quienes Ecosur en los medios Busqueda Correo electrónico ECOSUR Contacto ECOSUR Directorio ECOSUR
unidades
Campeche
Chetumal
San Cristóbal
Tapachula
Villahermosa
Suscribirse a:
Entradas (Atom)